A estas alturas, faltan acaso un par de días para que el Parlamento cubano apruebe, como mínimo por inmensa mayoría, una nueva ley de inversión extranjera. Ya he soltado un par de mal – escribencias sobre el tema y he plasmado los recelos que siento al respecto, pero me quedan unos apuntes adicionales que bien creo que vale la pena añadir.
Lo primero que merece la pena recalcar es que el proyecto de ley se ha mantenido muy bien resguardado del escrutinio popular. Será, como consideran ciertos diputados, que no vale la pena exponerles el tema a “la plebe”, y mejor mantenerlo entre los que “tienen algo que aportar”. Eso sí, es probable que tantas delegaciones de empresario brasileño y chino y de los otros países como las que han venido a explorar el terreno, ya conozcan las cláusulas que se le regatean a la ciudadanía cubana.
Este tipo de actitud, en realidad, es coherente con la negativa que me dieron en una asamblea eleccionaria de las nuestras, cuando expresé mi deseo de preguntar al candidato sobre sus ideas de cómo administrar las cuestiones públicas. Después andan por ahí los funcionarios y políticos cubanos, con el más hipócrita de los pregones, acerca de que la prensa debe ser informativa, veraz, objetiva, crítica, y todas las otras cualidades que le tienen vetadas en la práctica.
En la última noticia que encontré hoy en los medios oficiales sobre el tema, la palabra aislada “médicos” sugiere que ese tipo de servicios está entre aquellos que podrán ser objeto de inversiones. Y aquí entran más consideraciones todavía, y yo todavía no me he decidido a asumir que sea bueno o malo. Porque eso implicaría la apertura de clínicas basadas en el sistema del lucro. ¿Solo para turistas extranjeros? ¿Y si un cubanito o cubanita pudiente se proponen entrar en una de ellas? Los médicos que trabajarían allí, saldrían obligatoriamente del ya estresado sistema nacional. Las ganancias que generen estas clínicas ¿repercutirán en un beneficio que compense lo suficiente al paciente nacional que no tiene ni donde caerse muerto? ¿No habría sido conveniente en este, como en otros casos, atender el parecer popular?
Ahora quiero referirme a un argumento que han machacado incansablemente los Triana, Everleny, Murillo y compañía, sobre la necesidad imperiosa de inyección de capital para desarrollar la economía cubana. Según ellos, ese capital, del orden de dos o tres mil millones de dólares al año, sólo lo puede aportar la inversión extranjera, y de ahí la urgencia de la nueva ley que no puede ni esperar al período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional el próximo verano. Pero resulta que esa cifra coincide con lo que, según otros estudiosos, podría haber reportado actualmente la industria azucarera cubana, en las ventajosas condiciones del mercado actual. Por supuesto, para eso hubiera sido necesario, primero, que no hubieran desmantelado hace unos años ese patrimonio nacional.
Al día de hoy, el gobierno no tiene entonces con qué reactivar la economía nacional, ni sabe de dónde sacar. Así que acude al recurso de la inversión extranjera, contra la que no quiero mostrarme necesariamente hostil, pues puede ser muy provechosa si se administra sabiamente. Sin embargo, no voy a dejar de repudiar la actitud de la dirección del país. Su desconfianza contra los trabajadores le impidió y le impedirá eternamente confiar en la clase social a la que dicen representar. Las circunstancias exigen, una vez más, la política revolucionaria de poner en manos de las personas trabajadoras los recursos, fuerzas y medios productivos; fomentar en su máxima expresión las políticas de autogestión y cogestión. Dentro de un marco así, no está excluida la inversión extranjera, que podía también entrar sin peligro alguno para los trabajadores y trabajadoras cubanos, que ejercerían de dueños definitivos y plenos en provechosa interacción con todos los elementos favorables al desarrollo. Establecidas unas relacione s de producción verdaderamente socialistas, libres de enajenaciones y frenos burocráticos y autoritarios impuestos por una clase élite autoritaria, veríamos un despegue económico y social sobre bases auténticamente socialistas. No obstante, un panorama de este tipo está excluido de la mente de la dirección del país que, con mentalidad colonizada y liberal, prefiere poner las zonas francas, los centrales, las empresas cubanas y lo que sea, en manos extranjeras.
Por último, y como también hemos apuntado ya, puede que las manos extranjeras sean las últimas de las que nos debamos preocupar. Por un conjunto de factores muy largo para enumerar ahora, no veo la manera de impedir que florezcan capitalistas nacionales, que empleen posiblemente parientes o relaciones en el extranjero, para invertir en casa. Con las conexiones políticas necesarias y un capital inicial no desdeñable; el conocimiento del lugar; el terreno preparado por el dominio político administrativo previo, la camada de los potentados locales disputará su pedazo del botín. Lindoro Incapaz, hoy director general del taller Rosca Izquierda, con el rejuego necesario para no ponerse en evidencia, podrá lavar los fondos que tiene acumulados, producto de la malversación continuada de la administración de la empresa. Por supuesto, la tajada mayor se la llevará el compañero Pepín, que medra al nivel del Nivel Central. Al Liborio de a pie le tocará ver dónde se deja explotar menos abusivamente, como siempre, mientras escucha las explicaciones sobre lo inevitables y positivas que son las desigualdades.
¿Esto será un problema? No sé ni qué pensar. ¿Qué será menos malo para un Chicho en el mentado taller Rosca Izquierda: vender su fuerza de trabajo a un brasileño nuevo que entre a explotarlo, o vendérsela al ya conocido Lindoro Incapaz, compatriota suyo? (Nota 1) Obviamente, el problema es la explotación; el capitalismo en sí no tiene nacionalidad, a be ce del marxismo que algunos eligen convenientemente olvidar.
Lo que sí, definitivamente, puede poner la situación peor todavía, seria la extensión de la corrupción entre los funcionarios que administren esta esfera de las inversiones extranjeras. Como la experiencia nos indica, el pueblo cubano tendrá mínima información, y nulo control, sobre un piquete tan apto para aficionarse a las mieles del poder como los que estaban antes que ellos. Así que lo menos que se puede hacer, es esta idea que se aplica con cierto éxito en otros lugares, que consiste en que el funcionario muestra su estado patrimonial antes y después del período en que desempeña su función. Por algún blog que no recuerdo bien ¬–puede haber sido La Joven Cuba– vi la propuesta de aprobar una ley así, y me pareció muy valiente y adecuada. Si el funcionario se vuelve casualmente acaudalado durante el tiempo en su cargo, pues ya se sabe lo que hay que hacer.
Ese nivel mínimo de transparencia, de responsabilidad, es poco probable que se genere espontáneamente. Se necesitará mucho valor cívico, una enorme conciencia de clase, para enfrentar, en condiciones totalmente desventajosas, las consecuencias más preocupantes de la nueva ley.
Nota 1: Chicho, Lindoro Incapaz, Pepín del Nivel central: Personajes de un popular material de televisión humorístico cubano, donde Chicho es un mecánico y los otros son jefes.
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